En el marco de la Unión Europea, la Directiva 96/92/CE sobre Normas Comunes por el Mercado Interior de la Electricidad fija las condiciones de la apertura del mercado.

Como consecuencia de esta Directiva, la legislación española incorpora sus previsiones y establece la regulación del sector eléctrico con la Ley 54/1997. Desde el 1 de enero de 1998, España dispone de un nuevo marco regulatorio basado en la liberalización y la competencia.

Esta Ley tiene como objectivo garantizar el suministro eléctrico, su calidad, y que el mismo se realice al menor coste posible, protegiendo el medio ambiente.

Se liberalizan las actividades de generación y comercialitzación materializada en el principio de la libertad de contratación. El transporte y la distribución, actividades reguladas, quedan como monopolios naturales, pero garantizando el acceso de terceros a la red.